¿Responsabilidad patrimonial del Estado por negligente gestión en el COVID- 19? ¿Deficiente respuesta de la Administración a la Pandemía?

Una de las cuestiones que más se están debatiendo en el mundo de la responsabilidad civil en los últimos días, es la gestión que se esta haciendo por parte del Estado con motivo de la pandemia por el Covid 19. Se discute  si esta gestión esta siendo deficiente y en qué medida ha propiciado un aumento de los daños y perjuicios en los bienes y derechos de los ciudadanos, decimos aumento porque es evidente que una pandemia siempre va a causar menoscabos en la población, pero la cuestión es en qué medida se pueden minimizar estos daños  o cuanto menos prepararse adecuadamente para dar una respuesta eficiente y a la altura de un Estado del primer mundo.

Falta de previsión, lentitud en la toma de decisiones, carencia  de una información de calidad a los cuidados,  comunicaciones  contradictorias a la población, deficiente abastecimiento de material sanitario para contrarrestar el Coronavirus, posibles manipulaciones de los datos estadisticos….Son muchas las acusaciones que se están vertiendo sobre el Gobierno y que tendrán que resolver en el futuro con casi toda probabilidad los tribunales.

El escenario actual que presenta nuestro país es de más de 15.000 muertos por Covid 19 según los datos oficiales a la fecha actual, cifra que seguirá creciendo en las próximas semanas. Según opiniones de los expertos, esta cifra es muy inferior a la real; los parámetros tomados en la forma de hacer las estadísticas de fallecimientos es muy posible que no estén reflejando la dimensión real  del horror de  esta pandemia, así mismo la multitud de casos asintomáticos no diagnosticados hacen difícil de calcular el numero de infectados reales.

Es evidente que nos encontramos ante una enfermedad nueva, respecto a la cual no existía ningún tipo de tratamiento. No se le puede achacar con carácter general  a ninguna Administración responsabilidad por la existencia de un virus, pero si se le pueden exigir responsabilidades por no utilizar todos los medios a su disposición para combatir el mismo y evitar un aumento considerable del riesgo a la población.

Merece un desarrollo aparte en otro artículo, la responsabilidad del Estado-Legislador por las normas dictadas durante este periodo de alarma que hayan causado perjuicio a particulares. En este articulo sin embargo  nos vamos a centrar simplemente en la responsabilidad patrimonial por la falta de respuesta ante la pandemia, nos encontramos ante una responsabilidad más por omisión que por acción.

REQUISITOS DE LA RP DE LA ADMINISTRACION

               Los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo  para poder hablar de responsabilidad patrimonial de la Administración son:

1.- La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas que no tengan la obligación de soportarlo.

2.- Que la lesión patrimonial sufrida sea consecuencia de una actuación del poder público o actividad administrativa, en desarrollo de funciones de la misma naturaleza en una relación de causa a efecto.

3.- Que el daño no se haya producido por fuerza mayor. Es requisito «sine qua non» la concurrencia del nexo causal entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, sin interferencias extrañas que pudieran anular o descartar aquél.

                                              

NEGLIGENCIAS QUE SE IMPUTAN A LA ADMINISTRACION

En el caso que nos ocupa se acusa a la Administración de una falta de diligencia en la toma de decisiones eficaces para evitar la propagación del virus y los contagios entre la población, pero sobre todo, de una respuesta tardía para combatir la pandemia. La posible negligencia del Estado en el que caso que nos ocupa podemos desglosarla de la siguiente manera:

1.-  Falta de planificación y de respuesta ante los datos que le llegaban de otro países afectados así como de Organismos Internacionales oficiales. Parece ser que la Organización Mundial de la Salud venía informando con bastante antelación a la declaración del Estado de Alarma por el Gobierno español, de la gravedad del virus Covid-19. Existen indicios de que antes de que se declarara el Estado de Alarma, existían informaciones de organismo oficiales que advertían  de la especial facilidad de contagio que presentaba este coronavirus. Países como Italia habían decretado el confinamiento de sus ciudadanos.

             Desde ese momento se deberían haber adoptado decisiones y elaborado un plan de choque para afrontar con una mayor garantía la pandemia que se aproximaba a nuestro país. Nunca sabremos lo que hubiera pasado si se hubiera obrado con la antelación suficiente, pero lo que sí es cierto, es que a efectos legales, si se hubiera obrado con prontitud y rapidez es muy probable que no se le pudiera haber exigido ninguna responsabilidad patrimonial a la Administración. No nos encontramos tanto con una obligación de resultado sino más bien con una obligación de medios, es decir, que el  Estado haga todo lo posible para que el mal mayor no ocurra aunque al final sea inevitable que este ocurra.

2.- Informacion errónea a los ciudadanos. La Administración no ha informado de manera adecuada de los riesgos que presentaba el Covid-19, se les animaba a la asistencia a manifestaciones y actos públicos cuando las indicaciones que llegaban de organismos oficiales eran la de evitar reuniones multitudinarias. Se les decía a los ciudadanos que no eran necesarias las mascarillas cuando en la actualidad se nos dicen que son imprescindibles. Estas contradicciones e información confusa probablemente ha propiciado muchos contagios de la enfermedad y por qué no decirlo, también muchas muertes.

3.- Falta de equipamiento de nuestros Hospitales públicos. Uno de los grandes problemas que ha presentado esta pandemia, es el riesgo al que se ha sometido a los profesionales de la sanidad. Sin dotarles de los medios de protección necesarios que le permitieran desempeñar su trabajo con las mayores garantías posibles. La tardanza en la compra de material sanitario, la compra de material defectuoso a proveedores poco reputados (elegidos en algunos casos más por motivos ideológicos que por prestigio en el sector) son graves negligencias que no pueden pasar desapercibidas.

LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA SOLICITAR RESPONSABILIDADES A LA ADMINISTRACION

            ¿Quién puede pedir responsabilidades patrimoniales a la Administración? En principio según el art 32 dela ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Publico, todo particular que haya sufrido lesión en sus bienes y derechos. Es evidente que sería necesario cribar y estudiar caso por caso, dónde termina la obligación del ciudadano de asumir los riesgos de ser infectado por un virus y dónde empieza la responsabilidad de la Administración por la falta de adopción de medidas que han producido una agravación de la crisis así como del número de fallecidos e infectado. Es difícil asumir que todo infectado  o todo familiar de fallecido por coronavirus  tenga derecho a ser indemnizado por negligencia del Estado en la gestión de la crisis, pero tampoco se puede descargar de responsabilidad al gobierno por lo que ha sido a todas luces una gestión nefasta,  este será uno de los grandes debates no exento de polémica .Parece que habría que distinguir según la fecha de contagio y el lugar, pudiendo establecer como fecha clave para separar unos casos de otros, la de la declaración del Estado de Alarma. Por tanto, las personas fallecidas que hubieran sufrido el contagio durante las semanas previas a  la declaración del Estado de Alarma están mejor situadas que el resto.

Lo que sí está mas claro, es la responsabilidad del Estado  por los sanitarios infectados en su trabajo por falta de los equipos de protección necesarios; los sanitarios tienen el deber de asumir ciertos riesgos en su profesión,  pero en el caso que nos ocupa se les  está exigiendo un riesgo que está muy por encima del legal,  exigirles que acudan a su trabajo  sin el material adecuado por una falta de previsión de la Administración  rebasa los límites del riesgo que están obligados a soportar.

            Las residencias de nuestros mayores se han demostrado las grandes olvidadas y las más afectadas en nuestro país por el COVID 19, los ancianos son los grandes damnificados de una respuesta insuficiente y tardía.

CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL ESTADO: FUERZA MAYOR Y FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA TECNICA

              La Administración esta exenta de responsabilidad en los casos de fuerza mayor o en los casos en los que el particular tiene la obligación de soportar el daño según dispone el art 32 de la ley 40/2015 de 1 de octubre.  La Administración no está obligada a indemnizar según el art 34 de la misma norma, las lesiones que tengan su origen en hechos que no se hubieran podido prever o evitar según los conocimientos científicos del momento o el estado de la técnica del momento.

              La estrategia que a buen seguro prepara la administración ante las más que posibles demandadas que puedan llegarles son las relatadas en el párrafo anterior.  Principalmente alegará  fuerza mayor, es decir, que esta epidemia es un hecho que aunque se hubiera podido prever no se hubieran podido evitar sus consecuencias porque los conocimientos científicos del momento eran insuficientes para evitar las consecuencias padecidas.

               Pues bien, respecto a este posible argumento de fuerza mayor, hay que advertir que la carga de la prueba de esta alegación corresponde a la Administración. Es ella la que tendrá que probar la fuerza mayor, y es ella la que tendrá que acreditar cuales son las fechas en las que recibieron las informaciones  y advertencias de organismos oficiales como la  OMS, así como el tiempo de reacción que tuvo para adoptar las decisiones. Rige aquí el principio de facilidad probatoria y será el Estado el que tendrá que defenderse y la carga de probar que existía fuerza mayor.  Como siempre, la prueba procesal será la que determine si hubo o no negligencias. También difícil justificación tendrá la tardanza en la compra de materia médico, así como las partidas defectuosas de test de detección, cuando parece ser que existían otros posibles proveedores que tenían material homologado a disposición de las autoridades nacionales.

                Por lo que se puede vislumbrar, existen indicios más que evidentes de errores de la Administración central en la gestion de la crisis. En nuestra opinión, la baza  de “la fuerza mayor” exigirá a la administración de mucha actividad probatoria para acreditar que hizo todo lo que estaba en su mano para minimizar la tragedia, deberá sacar a la luz mucha documentación.  En nuestra humilde opinión, no lo va a tener nada fácil.

                                INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PADECIDOS

                El criterio general utilizado para indemnizar es el baremo de accidentes de trafico. Entre la doctrina científica hay una petición cada vez mayor de alejarse de este baremo y proceder a la búsqueda de otros criterios para cuantificar las indemnizaciones en estos casos,  alejarse del baremo standar de accidentes de trafico. Sin embargo, parece que ese momento esta todavía pendiente de llegar.

                Tenemos que valorar el daño moral que se le produce a la familia de un  fallecido por Coronavirus, las secuelas que puedan quedarles a los recuperados, el tiempo que se ha estado ingresado en un hospital, en la UCI, lucro cesante por cese de su actividad.

                En el caso de los perjuicios que se le produzcan a los sanitarios habría que considerar también lo que puedan cubrir sus seguros profesionales.  El personal sanitario dependiente de la sanidad pública y sus familiares  también tienen legitimación para solicitar la correspondiente indemnización al Estado por los daños y perjuicios que se le han producido por la desprotección que han tenido ante la falta de material adecuado.

                                                               CONCLUSION

                Quedan muchos interrogantes todavía en el aire. Parece evidente que hay un nexo causal entre la excesiva virulencia con que el COVID-19 ha atacado nuestro país y la pasividad de la Administración. Cuando se supere esta crisis habrá que evaluar daños y también determinar responsabilidades. Todo parece indicar que los infectados como consecuencia de asistencia a actos públicos anteriores a la declaración del Estado de Alarma, podrían considerarse potenciales futuros demandantes  si alegasen que no se les advirtió de los riesgos que corrían por asistir a estas manifestaciones o que incluso fueron incitados  por la Administración para asistir  a estos actos multitudinarios

 ¿ Y los mayores de las residencias que no fueron debidamente aislados ni protegidos? ¿Y Las personas con patologías que hubieran actuado de manera diferente de haber recibido Informacion correcta?

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